La Comisión Europea (CE) publicó su Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible (EACS) de 2021 el 17 de septiembre. El documento define prioridades económicas generales para la UE en el próximo año y directrices para la implementación a nivel nacional del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR): apoyo a las reformas nacionales para mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia provocada por el coronavirus.
Fondos para la recuperación y reformas políticas: no puede ser una oportunidad perdida
La EACS suele iniciar el ciclo de coordinación de políticas del Semestre Europeo entre la Comisión Europea y los Estados Miembros que reemplazó al antiguo método abierto de coordinación. Se han planteado dudas con respecto a si el Semestre Europeo se ha visto impulsado principalmente por aspectos fiscales, sin prestar suficiente atención al aumento de las desigualdades sociales. La Comisión Europea se ha esforzado por mitigar esta falta de atención y aumentar la participación de otros departamentos, con la colaboración entre las Direcciones Generales de economía, finanzas, empleo y asuntos sociales que comenzó con el anterior equipo.
No obstante, ahora mismo no está claro cómo continuará el Semestre Europeo durante el próximo año. Según la CE, dado que los plazos dentro del Semestre Europeo y el MRR se solapan, es necesario adaptar temporalmente el Semestre. En el marco del Semestre, la CE publica informes anuales que ofrecen un análisis de la situación en los países en febrero, seguido de recomendaciones específicas por país en mayo, que abarcan no solo cuestiones económicas, sino también medioambientales y sociales. En 2021 no se publicarán ni el informe ni las recomendaciones, pero la Comisión propondrá recomendaciones sobre la situación presupuestaria de los Estados Miembros en 2021 bajo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que persigue la consolidación fiscal, lo que pone de relieve que las prioridades parecen centrarse en aspectos fiscales.
La EACS destaca que debería haber una conexión entre el MRR y el Semestre Europeo, ya que "las prioridades de la Unión tratadas en las recomendaciones específicas por país se deberían reflejar en el establecimiento de prioridades (de reforma) de los Estados Miembros". Entre las principales prioridades destacadas por la Comisión se encuentran la lucha contra el blanqueo de capitales, el fraude y la corrupción, la mejora del entorno empresarial, una administración pública eficaz, los sistemas de justicia o la lucha contra la planificación de impuestos agresivos. Por consiguiente, a pesar del gran perjuicio que el COVID-19 ha causado a los servicios sociales y los sistemas de atención social, parece que en sus sugerencias la Comisión se ha olvidado en gran medida del impacto social de la pandemia.
La Comisión espera que la solución financiera acordada en julio por los líderes de la UE ayude a los Estados Miembros a hacer frente a las dificultades identificadas mediante el Semestre Europeo y a lograr los objetivos políticos de la UE, especialmente las transiciones a nivel ecológico y digital. Sin embargo, la realidad es que la mayor parte de los 672 500 millones de euros acordados en préstamos y subvenciones se destinarán a prioridades económicas y fiscales. Esta priorización aparente de financiación alejada de las prioridades sociales no tiene nada que ver con la Estrategia Europa 2020, que incluía un compromiso dirigido a luchar contra la pobreza y la exclusión social. El énfasis en este compromiso parece haberse desvanecido con el tiempo.
Los servicios sociales y los cuidados: la necesidad de inversión
En sus directrices para la implementación a nivel nacional del MRR, la Comisión sugiere que las autoridades nacionales articulen sus reformas con respecto al mercado laboral, la educación, la sanidad y las políticas sociales con arreglo a estos términos: "Mejora de las capacidades, reducción de la segmentación del mercado laboral, mejora de la cobertura de los programas de trabajo con jornada reducida y prestaciones por desempleo, inclusión de personas con discapacidad, aumento de la participación en el mercado laboral (incluidos los grupos vulnerables), mejora de la resiliencia, accesibilidad y eficacia de los sistemas sanitario y de asistencia o refuerzo de la protección social (incluida la atención de larga duración)".
No obstante, estas propuestas no abordan los sectores de los servicios sociales y los cuidados, que se siguen enfrentando a años de falta de inversión en los servicios de salud y sociales públicos en toda Europa. Por ejemplo, en la provincia de Barcelona, la cobertura de la asistencia domiciliaria solo llega al 20 % de quienes se les ha aprobado la ayuda, y quienes acceden a ella, solo reciben de media 13 horas de asistencia al mes. En Cataluña, solo hay tres trabajadores sociales y dos educadores sociales por 15 000 habitantes, una cifra que no ha variado desde 2008, cuando se desató la crisis económica anterior.
Además de la falta de inversión a largo plazo en el sector, el COVID-19 ha acabado con las vidas de miles de residentes en las residencias. Según los datos de varios países, el promedio de personas fallecidas en residencias por COVID-19 representa la mitad del total de víctimas. Una auditoría reciente en la región de Navarra ha concluido que los índices de mortalidad fueron superiores en las residencias, con un mayor número de residentes, un porcentaje menor de personal y la falta de equipos de protección personal.
Estos datos indican que, como parte de la implementación nacional del MRR, los gobiernos deben invertir en reformas estructurales que transformen el modelo de atención residencial para las personas mayores y las personas con discapacidad de manera que se promuevan servicios sociales comunitarios locales preventivos, se refuercen los cuidados en el hogar, se garantice los cuidados en la comunidad de quienes reciben el alta hospitalaria y se haga frente a las deficiencias actuales en empleo y las capacidades de los servicios sociales y de cuidados.
En la EACS, la Comisión no invita a los gobiernos nacionales a invertir en los sectores de los servicios sociales y los cuidados. Con ello, tampoco aprecia la repercusión económica que tendría un sector de los servicios sociales que tuviera recursos suficientes, e ignora así la evidencia de que la inversión en el sector ayudaría a aumentar la participación de los grupos vulnerables en el mercado laboral. Sin embargo, los datos de Eurostat sugieren que los servicios sociales y de cuidados representan una buena parte del personal total de la UE, a pesar de la escasez actual de profesionales. Solo entre las actividades de trabajo social y atención residencial, hay aproximadamente 11 millones de trabajadores, lo que supone el 5 % del personal de la UE.
Aún es pronto, pero los datos iniciales de los servicios sociales de nuestros miembros indican que el coste para los servicios sociales ha aumentado considerablemente durante la pandemia y, por lo tanto, los servicios sociales necesitan financiación para garantizar su resiliencia y sostenibilidad. Por ejemplo, Por ejemplo, entre marzo y julio, los servicios sociales de Barcelona han atendido un total de 44 463 personas. Se trata de la mitad del global de personas que se atendieron en 2019. En paralelo, entre marzo y junio se han otorgado desde los servicios sociales municipales un total de 18 760 ayudas de emergencia por un valor global de 8,01 millones de euros, un incremento igualmente destacable respecto a las cifras de los cuatro meses del año anterior (3,9 millones de euros).
En Eure, en el norte de Francia, el número de personas que reciben la renta mínima ha aumentado más del 5 %, mientras que en la región flamenca de Bélgica, los directores de servicios sociales han alertado de un incremento del 30% en el número de usuarios de marzo a julio. En Inglaterra, el coste de ayudar a las personas con necesidades de cuidados ha aumentado en un 5 % (para jóvenes adultos) y en un 8 % (para personas mayores). Es probable que estos costes aumenten a medida que los procesos de digitalización, la tecnología asistencial y la teleasistencia se siguen desarrollando para responder mejor a las necesidades de vida independiente y autonomía de las personas que reciben apoyo de los servicios sociales públicos.
Mejora de la gobernanza para reforzar la implementación local
Por último, en su EACS, la Comisión anima a los Estados Miembros a recabar la opinión de sus consejos nacionales de productividad o autoridades fiscales independientes sobre sus planes de recuperación y resiliencia. También se invita a los Estados Miembros a describir en el plan cómo se ha consultado a los colaboradores sociales y las organizaciones civiles adecuadas, y cómo han participado estos en el diseño de las reformas.
Esto perpetúa la mala costumbre de ver la participación de los agentes únicamente en términos de un diálogo con la patronal, los sindicatos y las ONG. Niega la idea de que se deben encontrar soluciones a nivel local, donde las personas viven y sacan adelante a sus familias. No es de extrañar que haya habido una desconexión entre el proyecto europeo y la participación ciudadana y, una vez más, la EACS no reconoce esta realidad. Además de los colaboradores sociales y las ONG sociales, las autoridades públicas locales y regionales y los servicios sociales públicos que gestionan deben ser colaboradores fundamentales.
El gasto en bienestar social representa más de una quinta parte del gasto público subnacional, por lo que el bienestar social es un ámbito fundamental para promover el desarrollo socioeconómico.
