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Tan solo algunos días después de la primera ronda de las elecciones francesas, en las que la ultraderecha pasó a la segunda ronda, y con las complejidades del Brexit aún pendientes de resolución, Bruselas volvió a centrar la atención en la agenda social, que se había dejado de lado, con una comunicación sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales, un paquete sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal, y varios documentos de trabajo evalúan los avances en la aplicación de las Recomendaciones de la Comisión Europea sobre la inclusión activa y la inversión en la infancia.
Cuando en marzo del año pasado se lanzó la consulta para la creación de un Pilar Europeo de Derechos Sociales, la Comisión hizo hincapié en la necesidad de avanzar hacia la convergencia. En los buenos tiempos, el mercado interior y los fondos europeos tenían el objetivo de reducir la disparidad de ingresos per cápita. Sin embargo, esto ha dejado de ser así. Un documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa también publicado por la Comisión Europea el miércoles admite que, a pesar de la recuperación, las divergencias entre los países y las regiones persisten, y que "en los últimos años, la convergencia se ha ralentizado considerablemente, si no se ha detenido". La situación es especialmente preocupante para los jóvenes: "Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, existe un riesgo real de que la actual generación de jóvenes adultos —la generación mejor formada que hemos tenido nunca— acabe teniendo unas condiciones de vida peores que las de sus padres.", reconoce Bruselas.
La comunicación de un Pilar Europeo de Derechos Sociales reúne una combinación de principios genéricos y más específicos en el ámbito de la protección social. Estos principios incluyen "el derecho de los niños a acceder a una educación y una atención en la primera infancia asequibles" y "a que se les proteja frente la pobreza", lo cual se acoge con agrado teniendo en cuenta que los niños tienen un mayor riesgo de pobreza y exclusión social que los adultos. No obstante, la Comisión no ha llegado a una garantía de atención a la infancia en toda la UE que podría mantener los derechos de los niños.
La Comisión también presentó nuevas disposiciones, como el derecho a la protección social de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores por cuenta propia e "independientemente del tipo y la duración del empleo". También ha incorporado la recomendación de que los "contratos en todos los países incluyan información fundamental sobre los derechos de los empleados", aunque reconoce que esto no sucede en varios Estados Miembros.
Otros tipos de trabajos son más específicos; por ejemplo, el documento reconoce el derecho de los jóvenes a "educación continua, formación, prácticas o una oferta laboral bien considerada en el plazo de cuatro meses tras convertirse en desempleado o abandonar los estudios". Sin embargo, la Comisión no ha conseguido promover una garantía de atención para la infancia que no solo incluya el acceso a educación y atención en la primera infancia (como reconoce el pilar de la Comisión), sino también a atención sanitaria, una vivienda y un apoyo eficaz de los servicios sociales. Lo mismo se puede decir de los jóvenes vulnerables, quienes, además de una garantía de empleo, se beneficiarían de un apoyo adicional.
Una cuestión fundamental es en qué medida se relacionan estas disposiciones con un programa de referencia o legislativo. Por ejemplo, ¿podrán los jóvenes demandar a sus gobiernos si no reciben un empleo en el plazo de cuatro meses tras estar en paro? ¿Habrá indicadores de los tipos de trabajos que consiguen los jóvenes? Si no tienen un empleo estable o si reciben una baja remuneración, los indicadores de empleo pueden subir, pero no se logrará la convergencia de ingresos. Dada la situación actual, el pilar sigue siendo una serie de principios en lugar de una obligación real de ofrecer o garantizar derechos concretos.
La comunicación del pilar iba acompañada de un "marcador social" ampliado con indicadores en áreas como la educación, la igualdad de género y las condiciones de vida. Contar con un marcador es fundamental para la supervisión, pero la forma en que estas aspiraciones se convertirán en legislación, y la legislación en impacto, también es esencial. El marcador social podría ser más ambicioso, por ejemplo, mediante el desglose de los datos no solo por género sino también por edad, discapacidad y composición familiar, para tener en cuenta una serie de vulnerabilidades al evaluar las condiciones de vida. Queda por ver qué influencia tendrán los indicadores en el marcador social en comparación con los del marcador socioeconómico en el marco de la coordinación de las políticas de la UE entre la Comisión Europea y los Estados Miembros.
De cara al futuro, no está claro qué tipos de iniciativas legislativas se desarrollarán para que se lleve a cabo la aplicación de los principios y los derechos incluidos en el Pilar. En concreto, cómo se utilizará el pilar para reiniciar el proceso de convergencia dentro de Europa más allá de la eurozona, dado que el objetivo inicial del pilar es abarcar los países que tienen el euro. También sería constructivo si los trabajos futuros abordaran la forma en que se deberían tratar las cuestiones que destaca cada principio y quién debería tratarlas, dados los diferentes niveles de responsabilidad gubernamental. Asimismo, es necesario aclarar el modo en que los Fondos Europeos podrían ofrecer apoyo para poner en práctica aspectos fundamentales del Pilar.
Por último, se debería destacar que para que los principios del pilar se traduzcan en acciones concretas que beneficien a la población europea, incluidas las personas más vulnerables, es fundamental contar con herramientas para evaluar y realizar un seguimiento de la evolución.
Si desea obtener más información y conocer la postura de ESN sobre el Pilar de Derechos Sociales, visite: http://www.esn-eu.org/news/878/index.html