La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto nefasto en la asistencia comunitaria en Europa. La falta de una inversión adecuada anterior ya había dejado al sector sin el equipamiento necesario para gestionar la crisis, lo que también plantea dudas sobre la futura financiación.
Los medios de comunicación han cubierto los resultados en cuanto a la cantidad inaceptable de defunciones de trabajadores sanitarios y en residencias, lo cual suscita importantes inquietudes éticas. De hecho, el principal desafío ha sido garantizar la seguridad y el apoyo al personal dentro de un sistema de provisión fragmentado. Por lo tanto, acceder mediante la tecnología digital a datos en tiempo real sobre lo que sucede en los servicios comunitarios es fundamental de cara a la preparación para futuras crisis.
La 28ª edición del Congreso Europeo de los Servicios Sociales, celebrada del 30 de junio al 1 de julio, contó con la participación de más de 250 responsables de los servicios sociales de 32 países, que se reunieron para hablar de la necesidad de replantear la asistencia en la comunidad para mejorar el apoyo a su personal, de forma que cuente con mejores recursos, se guíe por un conjunto de principios éticos y utilice la tecnología para mejorar la ayuda a las personas que utilizan los servicios y a los profesionales que los prestan.
En los últimos años, se ha producido un cambio en la asistencia comunitaria hacia una atención más personalizada e individualizada, mientras que las autoridades públicas han aumentado la externalización de la asistencia a proveedores privados, lo que ha dificultado aún más la supervisión y la regulación del sector. Estos problemas se agravaron aún más con el asentamiento de la pandemia de COVID-19 y el personal se enfrentó a la falta de equipos de protección para poder realizar su trabajo. Los ponentes destacaron que el personal no se siente seguro con respecto a sus condiciones de trabajo, lo que, a su vez, afecta al atractivo de un sector que ya de por sí se enfrenta a un importante déficit de contratación. La COVID-19 volvió a poner en la agenda política a los servicios sociales y de atención social, así como a los cuidadores y los trabajadores sociales. Sin embargo, existe una diferencia entre ser conscientes y tomar medidas para mitigar las circunstancias, por lo que se requieren cambios más profundos con respecto a la mejora de la calidad del empleo y la financiación.
Es necesario financiar la asistencia comunitaria, pero se corre el riesgo de que esta financiación se utilice para reformar las instalaciones y volver a internar a personas que utilizan los servicios sociales. Los costes de la asistencia comunitaria son elevados y, la mayoría de las veces, estos costes se ocultan, ya que el desarrollo de la asistencia comunitaria implica recursos de diferentes presupuestos, no solo de los servicios sociales. Una reforma significativa requiere un compromiso político, el traspaso de recursos de la asistencia institucional a la asistencia comunitaria y la incentivación de la asistencia en la comunidad. Los incentivos hacen necesaria la elaboración de una descripción que destaque cómo puede afectar a otros la inversión en la asistencia comunitaria, por ejemplo, la capacidad empleo de las personas que reciben servicios de apoyo. De igual modo, es necesario promover nuevas formas de contratación de proveedores, no por el número de camas o plazas ocupadas, sino en función de los resultados, por ejemplo, cómo retrasan los servicios comunitarios el acceso a la atención residencial.
La asistencia comunitaria no se puede justificar pensando solo en los costes. También debemos tener en cuenta los beneficios. Un aspecto fundamental de este debate es un enfoque de los derechos humanos y ahora más que nunca tras la COVID-19. De media, la cantidad de fallecidos en residencias supuso casi el 50 % de todos los fallecidos por COVID en muchos países europeos. La prohibición de las visitas y las restricciones de libertad de las personas que viven en estos servicios asistenciales sin acceso a las comunidades locales o la falta de inspecciones provocaron que el sector se enfrentara a serios dilemas morales. Por lo tanto, intentar defender los derechos humanos y la necesidad de una reforma de las normativas, así como la transparencia y la promoción de la autonomía, se han reconocido más ampliamente como aspectos fundamentales para una futura reforma.
Dicho esto, la pandemia ayudó a ofrecer en cuestión de semanas algunos cambios tecnológicos que, de otro modo, posiblemente hubieran llevado años. Los ponentes del congreso hablaron de la adaptación de los servicios de teleasistencia, del acceso en línea a las prestaciones, de los vales electrónicos, de la ampliación de la ayuda para el alquiler a través de plataformas en la nube para evitar los desahucios, de la supervisión remota y del uso de los datos para las predicciones. Estos avances deberían ser flexibles y estar disponibles. Es esencial que se garantice al público que se desarrollan correctamente, por ejemplo, una importante utilización de estas tecnologías, los tipos de datos que se emplean y la garantía de que los profesionales de los servicios sociales participan en la toma de decisiones. Otra cuestión es cómo asegurarse de que "sin contacto" no implica una carencia de interacción humana. Aunque la ayuda podría ser virtual, el factor humano sigue siendo necesario.
El uso de la tecnología en la asistencia comunitaria puede haberse acelerado en los últimos meses, pero se debe basar en la creación de un sector mejor preparado, en especial en cuanto al uso de herramientas digitales de forma preventiva.
