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Como resultado de la pandemia de COVID-19, la violencia contra la infancia y la necesidad de actuar se han acentuado aún más, debido a las interrupciones en los servicios de prevención y respuesta.

En toda Europea, hay niños vulnerables al maltrato, que puede ser físico, sexual, emocional o psicológico. A pesar de que cada vez más instituciones internacionales y nacionales lo condenan y de que un cuerpo cada vez amplio de legislación, políticas y prácticas centradas en los niños los protegen, la violencia sigue siendo una cruda realidad cotidiana en las vidas de muchos niños.

Los servicios sociales públicos tienen el deber legal de proteger a todos los niños frente a la violencia, pero este deber trasciende los servicios sociales y se aplica a todos los servicios públicos que trabajan con niños. Los miembros de European Social Network (ESN) en el ámbito de los servicios sociales públicos de protección de la infancia destacan que la principal pauta para sus prácticas se rige por el principio número tres (sobre el interés superior del niño) de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas. Sin embargo, hay varias cuestiones para asegurarse de que el interés superior del niño se lleve a la práctica realmente.

Respuesta a la violencia contra la infancia

Se deberán abordar tres cuestiones generales a nivel local, nacional e internacional para combatir la violencia contra la infancia, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) internacionales, que incluyen el compromiso de acabar con todas las formas de violencia contra la infancia.

La primera de ellas es el carácter interrelacionado y codependiente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente al analizar la violencia contra la infancia. Dentro de los ODS, no podemos esperar abordar adecuadamente y acabar con la violencia contra la infancia sin abordar la pobreza, la sanidad, la educación, el género, la exclusión social o las sociedades pacíficas.

En segundo lugar, la violencia contra la infancia, como los propios ODS, no se puede ver como un programa internacional que solo concierne a países fuera de las fronteras de Europa. Cincuenta y cinco millones de niños son víctimas de violencia cada año en Europa, una cifra que la pandemia de COVID-19 habrá incrementado. Esto demuestra la necesidad de estrategias integradas y coordinadas a nivel nacional y local para responder a la violencia contra la infancia en los países europeos.

En tercer lugar, la adopción del enfoque de sistemas integrados y holísticos basados en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas, que sitúa a los niños en el centro del diseño y la prestación de los servicios para responder a sus necesidades.

Poner fin a la violencia

Es necesario adoptar dos medidas para asegurarnos de que la violencia contra todos los niños acabe. Los servicios sociales públicos forman parte de dichas medidas. La primera medida es crear un cambio de paradigma en favor de marcos legislativos y políticos que se basen en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas. La segunda medida es invertir en el refuerzo de los servicios sociales y de su personal, de modo que se pueda mejorar su forma de satisfacer las necesidades de los niños, transformar actitudes para impedir la violencia y ser capaces de responder de forma más eficaz a los incidentes cuando se producen.

En la reunión que nuestro grupo de trabajo sobre los ODS celebró recientemente, supimos que, en Francia y Escocia, este cambio de paradigma ya está en marcha. No obstante, es necesario compartir los principios en todos los niveles de gobierno y profesionales implicados. "Debemos asegurarnos de que todos compartan los mismos principios a fin de garantizar una mejor comprensión y cooperación entre los sectores", explicó Marie-Paule Martin-Blachais, de la Ecole de la Protection de l'Enfance de Francia.

Dentro de este cambio de paradigma, es fundamental destacar el papel fundamental de los servicios sociales públicos con respecto a la prevención hacia actitudes sociales y familiares, así como la forma adecuada de intervenciones oportunas. Como organismo oficial responsable de la protección de la infancia contra la violencia, los servicios sociales deben recibir la inversión necesaria para disponer de los mecanismos adecuados para garantizar que la lucha contra la violencia hacia la infancia sea una realidad.